Un estudio jurídico cita cifras del INE que sitúan en 1.017.832 las personas extranjeras ocupadas en el país, equivalentes a cerca del 11% del empleo total.
Las empresas que contratan trabajadores extranjeros en Chile deben verificar que cuenten con autorización para desarrollar actividades remuneradas, ya que su incumplimiento puede generar sanciones económicas. Así lo advirtió en noviembre de 2026 la abogada Camila Garrido, directora del área Corporativo Laboral de Provoste Matamala Abogados, quien llamó a los empleadores a revisar la situación migratoria de su personal.
Según explicó la especialista en un comunicado difundido por el estudio jurídico, acreditar el ingreso regular al país o presentar una solicitud de residencia no demuestra, por sí solo, que una persona esté habilitada para trabajar.
«Las empresas deben entender que la autorización migratoria para trabajar es un requisito independiente de las obligaciones propias de la relación laboral», señaló Garrido.
La profesional recomendó conservar los antecedentes que acrediten dicha habilitación y comprobar su vigencia durante toda la relación contractual. También recordó que la existencia de un contrato de trabajo o el pago de cotizaciones previsionales no reemplazan el cumplimiento de las exigencias migratorias.
Multas y obligaciones de los empleadores
De acuerdo con el comunicado, la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería contempla sanciones para quienes contraten personas sin la autorización correspondiente, con multas que pueden alcanzar las 200 unidades tributarias mensuales (UTM) por trabajador, según las condiciones legales aplicables.
A estas exigencias se suman la formalización del contrato, su registro ante la Dirección del Trabajo y el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.
El documento también hace referencia al artículo 19 del Código del Trabajo, que establece una proporción general mínima del 85% de trabajadores chilenos para empleadores con más de 25 trabajadores, considerando las excepciones previstas en la legislación.
Garrido enfatizó que las empresas deben incorporar mecanismos de revisión documental para prevenir incumplimientos y eventuales sanciones.
«Una revisión preventiva puede evitar sanciones económicas y contingencias que terminan afectando directamente a la organización», afirmó la abogada.
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