Prisión preventiva para el exdirector general de la PDI Sergio Muñoz
Desvelamos las claves tras la decisión judicial que ha sacudido los cimientos de la PDI. Continúa leyendo para descubrir todos los detalles.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ha adoptado una decisión trascendental al dictaminar prisión preventiva para el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, provocando un revuelo institucional sin precedentes. La medida, considerada como esencial para garantizar el correcto desarrollo de la investigación en curso, recae sobre Muñoz por su participación en el revelado de información de causas protegidas por reserva legal, todo enmarcado dentro del Caso Audios.
La magistrada Francis Fell ha justificado la prisión preventiva como un mecanismo "indispensable" para la investigación y "proporcional y necesaria" ante la gravedad de los hechos. El desliz de Muñoz, al hacer públicos datos confidenciales, ha comprometido seriamente el deber de confidencialidad y ha puesto en jaque la confianza en la institución. La relevancia de su posición como autoridad pública al momento de la infracción agudiza aún más el asunto.
Los procedimientos procesales iniciaron con un análisis detallado sobre las cinco causas en las que Muñoz habría compartido información reservada con el letrado Luis Hermosilla. Tras un prolongado periodo de alegatos por parte de la defensa y la acusación, se estableció un plazo de 120 días para proceder con la investigación. La situación se complica cuando se tiene en consideración que Muñoz podría haber acatado la medida bajo arresto domiciliario, dada su posibilidad de considerar su domicilio como cuartel policial en virtud de su antiguo cargo, sin embargo, permanecerá detenido en la Brigada de Reacción Táctica de la PDI, ubicada en Cerrillos.
La Fiscalía se ha pronunciado con firmeza a través de la fiscal Lorena Parra, quien solicitó la medida privativa de libertad, secundada por el fiscal Felipe Sepúlveda que argumentó la potencial peligrosidad de la libertad de Muñoz para la sociedad y el riesgo que implica para la continuidad de la investigación. Sin embargo, Juan Carlos Manríquez, abogado defensor, propuso medidas más moderadas, como el arresto domiciliario parcial, rechazando la postura de Fiscalía.
El caso se precipitó cuando se ejecutó un allanamiento en la residencia y oficina de Muñoz por parte de efectivos del OS7 de Carabineros. Este fue el desenlace de pericias en el celular de Luis Hermosilla que revelaron acciones constitutivas de delito por parte del exdirector. La dimisión de Muñoz de su puesto como máximo dirigente de la PDI ocurrió la misma noche de los allanamientos, bajo la sombra de las investigaciones en su contra y los estímulos gubernamentales para que abandonara el cargo tras la revelación de los hechos.
El escándalo se ahonda con la publicación de Ciper Chile, que saca a la luz cómo Muñoz comenzó a filtrar datos confidenciales poco después de asumir su rol en la PDI, proporcionando a Hermosilla información sensible referente a múltiples casos judiciales, afectando así a altos cargos gubernamentales. Los mensajes interceptados entre Muñoz y Hermosilla superan los 510 y conforman una parte crucial de la nueva causa penal contra Muñoz, con un volumen de evidencia que supera las 700 mil páginas incautadas.