Fiscalía solicita prisión preventiva para Catalina Pérez por caso Democracia Viva
La exmilitante del Frente Amplio fue formalizada como coautora de tres delitos de fraude al fisco. El Ministerio Público pidió prisión preventiva y un plazo de 45 días para investigar.
La diputada Catalina Pérez, actualmente desaforada, enfrentó este lunes una audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de Antofagasta por su presunta participación en el caso Democracia Viva, uno de los capítulos más controvertidos del denominado caso Convenios.
La Fiscalía la acusa de ser coautora de tres delitos de fraude al fisco y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, además de un plazo de 45 días para llevar a cabo la investigación. Esta medida es similar a la decretada anteriormente contra Daniel Andrade, ex pareja de Pérez y representante legal de la fundación Democracia Viva, quien hoy cumple arresto domiciliario.
Argumentos de la Fiscalía y querellantes
El abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, respaldó la solicitud de prisión preventiva, señalando que “existen antecedentes que fundan esta formalización como también la medida cautelar de mayor intensidad que solicita el Ministerio Público. Nosotros entendemos que debiese ser prisión preventiva”.
Toloza enfatizó la supuesta implicancia directa de la parlamentaria en distintas etapas del convenio con Democracia Viva: “Hay una participación de la diputada Catalina Pérez tanto antes que se diera inicio a la suscripción del convenio, durante el convenio y posterior a que se da a conocer este escándalo".
Desaforada y sin militancia en el Frente Amplio
A principios de abril, la Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público, lo que permitió avanzar con la formalización. Catalina Pérez ya no milita en el Frente Amplio, partido al que renunció en noviembre de 2024 tras la filtración de una serie de chats revelados por La Segunda, los que daban cuenta de su presunto conocimiento previo sobre los convenios entre el Estado y la fundación Democracia Viva.
El caso Democracia Viva ha remecido al mundo político chileno, generando un intenso debate sobre el uso de recursos públicos y la fiscalización en los convenios con fundaciones privadas.