Daniel Jadue quedó en prisión preventiva por delitos reiterados de cohecho, fraude y otros
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El mundo político ha sido sacudido por la noticia de que Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, fue puesto en prisión preventiva tras una resolución del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. En medio de acusaciones que comprenden desde cohecho hasta fraude al fisco, su situación prende alarmas sobre la integridad y el funcionamiento de nuestra esfera pública.
La magistrada Paulina Moya resaltó el peligro que implicaría dejar en función a Jadue, dada su influencia directa sobre la gestión de importantes recursos municipales. Este escenario, aunado a las alegaciones de actos ilícitos, hizo que se descartaran otras medidas preventivas de menor entidad en favor de la privación de la libertad, generando intensas reacciones a ambos lados del espectro político.
El Anexo Penitenciario Capitán Yáber será el lugar de reclusión provisional tanto para Jadue como para Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Achifarp, durante los 120 días que dura el periodo fijado para la investigación. Ambas figuras, afirma la jueza Moya, tendrían dificultades para acceder a penas sustitutivas en caso de una sentencia condenatoria, basada en la gravedad de los delitos imputados.
En el lado opuesto, la defensa de Jadue protesta y considera desproporcionada la decisión de privarlo de libertad, cuestionando la solidez de las pruebas en su contra. El abogado defensor señala que la decisión se toma influida por la alta visibilidad del alcalde y sugiere que en un contexto diferente, la sustancia del caso no ameritaría tal medida. Mientras tanto, entidades opositoras ven la acción judicial como un triunfo en la búsqueda de responsabilidades y el mantenimiento de la integridad política.
Este suceso viene a enredarse con la narrativa política actual, en momentos donde Jadue había lanzado un libro y desafiado públicamente a la Fiscalía. El impacto de su detención resuena tanto en sus bases de apoyo como en la polarizada atmósfera política chilena, poniendo en entredicho la tolerancia a posibles conductas inapropiadas y la confianza en el sistema de justicia del país.