Cronología de un Escándalo: La Trama de Corrupción Alcanza la Cúpula de la PDI
La oficina y el domicilio del director general de la PDI, Sergio Muñoz, fueron allanados este viernes en la mañana en el marco del caso Audios.
El turbio caso que hoy acapara los titulares y suma a su lista de protagonistas a nadie menos que el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, comienza a tomar forma tras la difusión de unos audios incriminatorios pertenecientes al abogado Luis Hermosilla. La explosiva trama desvela operaciones de factoring indebidas, el uso de documentos tributarios apócrifos y pagos clandestinos a funcionarios públicos, concretamente del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El inicio de lo que se vislumbraría como una serie de revelations comprometedoras, fue marcado por la publicación, por parte de Ciper Chile, de un artículo contundente titulado: 'Aquí estamos haciendo una huevá que es delito'. En éste se exponía el contenido de un audio grabado en una reunión donde Luis Hermosilla, acompañado de otras figuras claves en la indagatoria, exponía una clara intención de manipulación y control de información fiscal, evidenciando una obscena red de corrupción.
En este laberinto de ilegalidades, surge una voz, la de Hermosilla, detallando la mecánica de una 'caja negra' destinada a amañar los entresijos fiscales a favor de sus propios intereses y los del empresariado ligado a las operaciones cuestionadas. Sus palabras sugerían un esquema de remuneraciones indebidas a ciertos funcionarios capaces de influir sobre la información tributaria y los procedimientos regulatorios.
No es menos llamativo el hecho de que, a raíz de estos acontecimientos, el actual director de la PDI haya sido objeto de un procedimiento policial que, asombrosamente, lo coloca no solo como espectador sino como parte del problema. Esta es la primera vez que una figura de tal magnitud dentro del organigrama policial se ve implicada directamente con alegatos de revelación de secretos de Estado.
La redacción de Informe 24 ha recabado y analizado múltiples documentos que esclarecen el uso concertado de facturas fraudulentas. Aparentemente, estas eran emitidas y aceptadas dentro de un mismo consorcio empresarial, con la intención de simular operaciones comerciales y sacar provecho en el mercado bursátil mediante actividades fiscalmente censurables.
Toda esta maraña de malas prácticas, observaciones y pesquisas lleva a una precisión ineludible: estamos frente a un mecanismo depurado para generar ganancias de manera antiética y, probablemente, ilegal. Y con la formalización del director de la PDI, el caso se torna aún más laberíntico y oscuro, sumiendo a la institucionalidad en una atmósfera de desconfianza y estupor.