Autoridades de Magallanes denuncian en Contraloría graves irregularidades y eventuales delitos en compra de casa de acogida realizada por el Gobierno Regional
Senador Alejandro Kusanovic, diputado Christian Matheson y seis consejeros regionales acusan al gobernador Jorge Flies de aprobar la compra directa de un inmueble sin licitación, al juez Sergio Vera, quien semanas después adquirió la propiedad de una sociedad donde participaba la esposa del gobernador.
Una denuncia formal por graves irregularidades administrativas y posibles hechos constitutivos de delito ingresaron este jueves 3 de julio ante la Contraloría General de la República, el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson y seis consejeros regionales de Magallanes: Robert Weissohn, Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, Max Salas, Hernán Soto y José Luis Paredes.
La denuncia señala que el gobernador Jorge Flies aprobó sin inhabilitarse, y sin licitación pública, la compra por parte del GORE de un inmueble en Avenida Alessandri por $797 millones al actual juez tributario y aduanero, Sergio Vera Aparicio. Dicha propiedad será
entregada en comodato como casa de acogida para adolescentes. La operación fue complementada con $432 millones adicionales para su remodelación, alcanzando una inversión total de $1.229 millones en fondos públicos.
Sin embargo, lo más grave, según los denunciantes, es que tres semanas después de concretarse la compra, el juez Vera adquirió una consulta médica por $400 millones a una sociedad donde la esposa del gobernador Flies tiene un 33% de participación, lo que podría configurar un conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y fraude al
fisco.
Además, se denuncian vínculos personales entre funcionarias del Servicio Mejor Niñez y las arquitectas contratadas para la tasación del inmueble, informes técnicos contradictorios, y la falta de una resolución fundada que justificara la compra directa.
A esto se suma la omisión de fiscalización por parte de la Contraloría Regional de Magallanes, pese a haber recibido antecedentes del caso desde septiembre de 2024. Por esta razón, los denunciantes solicitaron que la investigación sea liderada desde el nivel central y, de corresponder, los antecedentes sean derivados al Ministerio Público y tribunales competentes.
Declaración de los denunciantes
Los parlamentarios y consejeros firmantes expresaron su indignación por las irregularidades que se enmarcan en la tramitación de la compra del inmueble que será entregado en comodato por el Gobierno Regional, como casa de acogida de adolescentes. El senador Kusanovic recordó que ya advirtió la necesidad de agilizar las investigaciones que estaba realizando la Contraloría Regional, sosteniendo que “resulta fundamental que cualquier hecho cuestionable sea investigado con rigor, garantizando que no queden dudas sobre su legitimidad o transparencia”. Además, el diputado Matheson, enfatizó “Estos casos deben ser examinados exhaustivamente, porque los
magallánicos merecen que se esclarezca si los recursos públicos regionales se están utilizando correctamente y, de existir uso indebido de fondos públicos, estos hechos no pueden quedar impunes”.
Por su lado, los consejeros regionales, subrayaron la exigencia de responsabilidades, enfatizando que esta denuncia refuerza el mandato de transparencia en el uso de cada peso del Estado. En ese sentido, el consejero Max Salas señalo que: “Tuvimos que tener
los documentos en nuestras manos para entender el nivel de abuso. Era más fácil creer la mentira de la rectitud que la cruda verdad que hoy revelamos.”
El CORE José Luis Paredes, destacó la importancia del rol fiscalizador del Consejo Regional, agregando que: “Si hubo irregularidades, estas deben detectarse y sancionarse. Es inaceptable que se hayan invertido recursos en una propiedad que, incluso, podría no cumplir con los requisitos del programa social.”
La consejera Roxana Gallardo, aclaro que no se arrepiente de haber dado su voto para la adquisición de la vivienda que iba destinada a solucionar - en parte - los problemas de niños vulnerados de la región, sin embargo, advirtió que “apostamos por una solución rápida a una urgencia social, pero si hubo mal uso de fondos o ilegalidades, se debe
investigar hasta las últimas consecuencias".
Finalmente, Robert Weisson, quien también adhirió a la denuncia, se mostró crítico con todo el proceso de compra del cuestionado inmueble, afirmando que: “comprar con fondos públicos una propiedad, saltándose todas las formalidades que establece la ley para garantizar un acto transparente, es atentar contra la fe pública. Pero es muy sospechoso que inmediatamente después, el vendedor de la casa al Estado aparezca, comprando a su vez, una propiedad personal a la esposa del gobernador. Estas ventas cruzadas deben ser prontamente investigadas” concluyó.
