Un total de 247 organizaciones socioambientales y sociedades científicas encendieron las alertas tras el retiro de 43 decretos ambientales desde la Contraloría General de la República, medida adoptada por el gobierno de José Antonio Kast.
De hecho, Roxana Núñez, abogada experta en incidencia de Greenpeace, calificó la decisión como un desmantelamiento medio ambiental.
Los decretos, tramitados entre 2023 y 2026 por el Ministerio del Medio Ambiente, abordan materias clave como normas de calidad ambiental, regulación de emisiones industriales, planes de descontaminación, instrumentos de adaptación al cambio climático y la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Entre las iniciativas afectadas se encuentran la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, el plan de recuperación de la ranita de Darwin y la creación de nuevas áreas protegidas en distintas regiones del país, lo que —según advierten— podría impactar directamente en la protección de ecosistemas y especies.
A través de una carta firmada por más de 200 entidades, las organizaciones señalaron que la decisión implica postergar instrumentos esenciales para avanzar en estándares ambientales más exigentes, calificando el retiro como “una señal preocupante” que podría traducirse en retrocesos en salud, medioambiente y calidad de vida.